Es un hecho cotidiano que la Ciencia en Argentina, de manera similar a la mayoría de los países, interactúa con los sectores socio-productivos transfiriendo sus desarrollos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La mayoría de estos desarrollos son producto de décadas de investigación, generalmente de problemas potenciales anticipados por la comunidad científica, mucho antes de que los mercados pudieran percibirlos como una oportunidad de negocio. Mas aún, muchas de estas investigaciones probablemente no lleguen a constituirse en negocios en tanto atiendan a cuestiones sociales de los sectores más vulnerables. Y en este sentido cabe reflexionar sobre la última experiencia de la Pandemia de COVID-19, cuando por falta de desarrollo científico-tecnológico anticipado, cada habitante del Planeta reconoció su vulnerabilidad y bregó por la prontitud de diagnósticos, tratamientos y vacunas. Este es solo un ejemplo extremo y dramático que pone en términos corrientes el rol que juegan la ciencia y la tecnología en la sociedad. ¿En este sentido, cuál sería el costo justo de la Ciencia y la Tecnología? ¿En manos de quien debería recaer dicha responsabilidad?
El CONICET, de manera similar a otras entidades del sistema nacional público de Ciencia y Técnica, se somete a sí mismo a evaluaciones permanentes para promover su eficiencia en una multiplicidad de aspectos. El CONICET es eficiente en reconocer sus ineficiencias y trabaja pronta y denodadamente por corregirlas. El resultado de este proceso ha permitido que el organismo conserve su nivel de excelencia a nivel internacional, a pesar de que el presupuesto asignado ha sido insuficiente durante las últimas décadas. En gran medida, esto se debe al trabajo incansable del personal del CONICET, que con gran vocación de servicio y apasionamiento por la Ciencia y Técnica, apuestan a que el fruto de su trabajo pueda contribuir a promover la calidad de vida de nuestros conciudadanos.